Ya es un hecho la contrarreforma de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con la aprobación de esta ley, por parte del consejo de ministros, de nuevo vemos pisoteados los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El gobierno del Partido Popular pretende cambiar la actual ley de plazos, por otra de supuestos siendo más regresiva y limitadora que la ley de 1985.
¿Cuáles van a ser los nuevos cambios y qué van a significar?
Por un lado, va a suponer el fin de los plazos que da acceso a las mujeres a interrumpir libremente el embarazo hasta las 14 semanas y abortar a las menores de edad de 16 y/o 17 años sin necesidad de autorización materna/paterna, poniendo en duda nuestra capacidad de decisión sobre nuestras vidas. Una decisión, que según un estudio de Naciones Unidas, es más que sólida, ya que las mujeres adolescentes cuentan con la capacidad suficiente como para tomar esta clase de resoluciones, así como cuestiones sobre su futuro y todo aquello que afecte a su vida.
También se dispone la integridad del feto sobre un posible riesgo en la vida de la madre. El supuesto de malformación podría verse diferenciado por dos clases: las discapacidades físicas y la malformación grave o incompatible con la vida. Es decir, se permitiría la interrupción del embarazo únicamente en el segundo supuesto.
Sin embargo, no creemos que el debate deba estar en si la malformación es grave o leve, sino en dónde y de qué manera se están quedando los derechos más básicos de las mujeres. Nosotras somos sujetos de derecho, capaces de opinar, optar y actuar libremente frente a las decisiones de nuestras vidas. Sin embargo, estamos volviendo a tiempos pasados, tiempos en que se nos consideraba menores de edad, incapaces de tomar nuestras propias decisiones a causa de una legislación procesada por hombres y por la Iglesia Católica.
Esto nos lleva a otra de las grandes incertidumbres que hay detrás de esta reforma: ¿quién ejercerá la responsabilidad de “aprobar” el acceso de una mujer al aborto?. Si en la actualidad ya había que superar los trámites de una serie de profesionales, parece ser que ahora el gobierno podría dificultar la tramitación, exigiendo los criterios y firmas de más profesionales vinculados a las clínicas donde se practican los abortos y creando comités adscritos a los hospitales públicos, fomentando así el aborto en el ámbito privado y, por lo tanto, al alcance de mujeres con mayor adquisición económica.
Los criterios sobre los que la ley se basa tienen su origen en los más rancios valores patriarcales. Todos estos cambios solo van a suponer un retroceso más agresivo a la salud física y psicológica de las mujeres, puesto que someterse a la interrupción del embarazo resultará un proceso aún más tedioso e interminable. Incluso forzaría a multitud de mujeres, en su mayoría inmigrantes en situación administrativa irregular, a la práctica del aborto en clínicas privadas, y en muchísimas ocasiones clandestinas.
Por tanto, desde la Unión de Juventudes Comunistas de España exigimos:
- Que la maternidad sea una opción.
- Aborto libre y gratuito, es decir, que se practique en la sanidad pública, que no ponga en peligro la vida de las mujeres, que no haya necesidad de evaluaciones psicológicas, ni permiso de nadie y sin tiempos para reflexionar.
- Reforma del sistema educativo que facilite la educación sexual, fomentando la utilización de métodos anticonceptivos, que reitere a las mujeres como iguales y, por tanto, sujetos de pleno derecho, con capacidad para decidir sobre su cuerpo y su vida.
En nuestros úteros y en nuwestras vidas mandamos nosotras
