En este 28 de Abril, Día
Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, debemos tener en la
memoria a las más de 700 personas muertas en accidente laboral en 2011,
integrantes de nuestra clase que sufrieron el terrorismo patronal a manos de
sus empleadores y con la complicidad de un Estado que se desentiende de esta
problemática.
La cifra de personas heridas y fallecidas por accidente laboral a
lo largo de la crisis se ha reducido debido a la destrucción de puestos de
trabajo y al pinchazo de la burbuja inmobiliaria pero sin embargo, la gravedad
de los accidentes ha aumentado y la proporción de fallecimientos también ha
crecido.
Desde la Unión de Juventudes
Comunistas de España no podemos hacer otra cosa más que expresar nuestra más
profunda indignación frente a quienes, con la excusa de la crisis y de la
bajada en las ventas, no dudan en reducir gastos en materia de prevención y
seguridad en el trabajo, lo que conlleva que la clase obrera pague con su vida
y su salud la avaricia de unos pocos.
Los dos máximos culpables de que la
siniestralidad en nuestro país sea un mal endémico son un Estado y una clase
capitalista que se dan la mano para recortar gastos en materia de seguridad y
prevención laboral. Por una parte, las empresas dejan de invertir en seguridad
para poder seguir manteniendo sus beneficios empresariales, aún a costa de la
salud de sus trabajadores y trabajadoras. Así también, con la contratación
precaria y los altos niveles de presión que se ejercen sobre sus empleados,
crean las condiciones idóneas para que se produzcan accidentes o provoquen
enfermedades relacionadas con el estrés y la ansiedad.
Por otra parte el Estado, con unos
recortes en materia social impuestos por las élites europeas con el FMI, el BCE
y la Comisión Europea, hace que se reduzcan el número de inspectores y se
olvidan de perseguir con el rigor que se merece a los que no cumplen una normativa ya de por sí
pobre e ineficaz. También con sus reformas laborales, que ahondan en la
precariedad y la inestabilidad, lo que provoca altos niveles de estrés y de
trabajo, se facilita que se produzcan este tipo de accidentes o enfermedades.
Sirva como ejemplo la Reforma Laboral de 2012, donde el Gobierno ha cedido a la
Mutuas – entidades privadas financiadas por las empresas-, la potestad de dar
altas médicas a trabajadores enfermos.
Por ello, la UJCE afirmamos que la
lucha contra los accidentes laborales debe ser una prioridad para la sociedad
en general, que es un mal que debe ser exterminado y señalamos al conjunto de
patronal y Gobierno como culpables de la muerte de nuestros compañeros y
compañeras en su puesto de trabajo o de camino a él. Solo aumentando la
inversión en prevención y endureciendo las penas contra los empresarios y
empresarias que no cumplan la normativa, es posible acabar con esta lacra.
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